El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció que los cubanos residentes en Estados Unidos son víctimas de una política migratoria que infunde «persecución y miedo», enfrentando deportaciones arbitrarias y la amenaza de perder sus cuentas bancarias.

En días recientes, diversos reportes de prensa indicaron que bancos estadounidenses enviaron notificaciones a sus clientes cubanos residentes en la nación norteamericana, en las que exigen el cumplimiento de protocolos adicionales de verificación, como la actualización del estatus migratorio.

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Según apuntan diversos medios, la medida estaría cimentada en el bloqueo que mantiene Estados Unidos desde hace más de seis décadas a Cuba, así como en el endurecimiento de las medidas antimigrantes impulsadas por la Administración Trump.

Tal anuncio ha generado una profunda preocupación entre la comunidad cubana, por el temor al cierre o congelamiento de sus fondos. El canciller cubano utilizó su cuenta para hacer la denuncia dirigiendo su mensaje a aquellos sectores de la diáspora que han incentivado la migración para luego dar la espalda a sus electores, acusándolos de traicionar a sus compatriotas «a cambio de influencia, favores políticos y dinero».

Esta posición subraya la dimensión política y la instrumentalización de la migración en las tensas relaciones bilaterales. Con esta declaración, el Gobierno de La Habana subraya que el endurecimiento de Washington no solo impacta a la isla, sino que se extiende al hostigamiento directo de los ciudadanos cubanos que residen en territorio estadounidense, haciendo de la migración un campo de batalla político y económico que vulnera los derechos humanos de la población.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, en enero de este año 2025, la Casa Blanca frenó drásticamente los procesos de residencia y ciudadanía e intensificó la organización de redadas, con la orden explícita de capturar a migrantes indocumentados para su deportación masiva.

En días recientes, han circulado en las redes sociales muchos vídeos que muestran la violencia de los funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y se han señalado abusos de derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes, donde se han reportado incluso fallecimientos.

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